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    domingo, 4 de febrero de 2018

    PRINCIPIO Y FIN DE LA VIDA

    La autonomía del ser humano

    1 FEBRERO, 2018
    Arnoldo Kraus
    Conforme avanza la ciencia y transcurre el tiempo la medicina crece. Conforme se incrementan las diferencias económicas en el mundo y entre las personas, los pobres, privados de justicia y libertad, confrontan crudas realidades, entre ellas, la imposibilidad de gozar de salud y decidir, cuando sea el caso, abortar motu proprio, o recurrir a profesionales para terminar con su vida.

    El mundo contemporáneo cambia con celeridad. Su geografía, el número in crescendo de refugiados, las diametrales y groseras diferencias en la esperanza de vida entre África y Europa, así como el ascenso de fanatismos políticos y religiosos demarcan un mundo nuevo y complicado, donde el conocimiento y sus frutos en lugar de mejorar la situación “de las mayorías”, han incrementado las diferencias. Los datos del Banco Mundial son números, sólo números, en cambio, las desigualdades en la esperanza de vida es realidad: en España es de 83 años y en Sierra Leona es de 43.
    Ilustración: David e Izak Peón
    En El mundo de ayer. Memorias de un europeo (Acantilado, Barcelona, 2011), conmovedor testimonio de nuestro pasado cercano (los males siempre son cercanos), Stefan Zweig (1881-1942) retrata el fin de su Europa, de su razón y de quienes huyeron o perecieron por no formar parte del poder omnímodo. Zweig vivió la demolición de la cultura y sus valores, el asesinato de la civilización y la ruptura de los lazos entre lenguaje y verdad. Releer sus advertencias es necesario. El ascenso, ora encubierto, ora sin tapujos, de fascismos religiosos (el término es mío), en países tan distantes como Nicaragua y Polonia, donde el aborto está prohibido absolutamente, incluyendo embarazos por violación en menores y adultas, madres enfermas y malformaciones fetales, sin olvidar las indígenas encarceladas en México por practicarse abortos, son, entre otras burdas polarizaciones con sociedades abiertas, advertencias sobre los sucesos del mundo de hoy y admoniciones sobre el de mañana.
    Libres pensadores, laicos, “no confesionales” y “no clericales” en palabras de Michelangelo Bovero, enfrentan, y enfrentarán cada vez más, a quienes desde el poder político y religioso pretenden negar la autonomía del ser humano y con ello su autodeterminación. Quienes comulgamos con valores como libertad, autonomía, justicia y ética laica debemos impedir que el mundo de hoy semeje en el futuro la inhóspita realidad descrita por Zweig.
    Se ha sustentado, con razón, que la bioética, y la ética médica, una de sus ramas, son, y serán, la filosofía del siglo XXI. Aborto, eutanasia, fertilización y clonación son temas médicos; contaminación ambiental, bioterrorismo y desertificación son nociones globales analizadas por bioeticistas. El principio y el fin de la vida, como reza el título de nexos, son parte de la ética médica y temas universales e ingentes, cuya discusión, más allá de enfoques médicos y jurídicos, son de interés general. Abordar asuntos ríspidos, i.e., el principio y el fin de la vida, bajo un enfoque laico, es imprescindible. Los artículos aquí presentados ofrecen, desde el laicismo, argumentos sólidos para entender las razones por las cuales es necesario empoderar a quienes deseen ejercer su autonomía y libertad. Aunque el medioevo es lejano en el tiempo, no lo es en el discurso religioso contemporáneo.
    Recordar figuras señeras, preclaras, cuyo espíritu sembró algunas ideas fundamentales sobre laicidad es necesario. Su postura advierte: la idea hegemónica y totalitaria de algunas religiones pervive y lo hace con más fuerza. Guillermo de Ockham (1285-1349) bregó por la libertad para efectuar investigación filosófica, amén de enfatizar su acérrima crítica del plenitudo potestatis papal; a Galileo Galilei (1564-1642) le debemos su lucha a favor de la autonomía y el consiguiente rechazo al principio de autoridad.
    El Colegio de Bioética A.C. es una asociación formada por académicos expertos en sus respectivos campos de conocimiento, multidisciplinario, laico, no lucrativo y no gubernamental, que tiene por objeto promover, difundir e impulsar diversos tipos de reflexiones, estudios e investigaciones que estimulen el desarrollo de la bioética. Todos los autores pertenecemos al Colegio. Además de agradecer la hospitalidad de nexos, deseamos que los textos promuevan discusiones, a favor y en contra. A diferencia de la fe dogmática, inamovible y decimonónica, la laicidad crece y se alimenta a partir del disenso. Las discusiones en torno a los derechos de las personas sobre el principio y el fin de la vida nunca finalizarán. Nuestros textos no son definitivos: la ética médica es una disciplina inexacta y respetuosa del ser humano. Antes de opinar, los eticistas procuran conocer a la persona. Los miembros del Colegio nos alimentamos discutiendo, con Bovero, Zweig, Ockham y Galilei construimos, y con los lectores crecemos.


    Arnoldo Kraus
    Médico. Profesor en la Facultad de Medicina, UNAM. Es autor de Dolor de uno, dolor de todos (Debate) y de Recordar a los difuntos (Sexto Piso), entre otros libros.

    Dignidad y bioética
    1 FEBRERO, 2018
    Gustavo Ortiz Millán
    Ha habido mucha discusión recientemente en la bioética, y en la filosofía en general, acerca de si deberíamos deshacernos del concepto de dignidad. Algunos de estos escépticos de la dignidad piensan que es un concepto subjetivo, al que cada quien le da un significado particular, sin un significado universalmente aceptado, lo cual crea mucha controversia. Otros sostienen que es un concepto vacío o, en todo caso, es redundante, porque es sinónimo del concepto de autonomía, como sostiene Ruth Macklin. Otros más, como Steven Pinker, piensan que es un concepto “blando, subjetivo y difícilmente a la altura de las pesadas demandas morales que se le asignan”, un concepto que es usado para justificar una agenda conservadora en temas de bioética y que termina obstruyendo distintos tipos de investigación; por ejemplo, en nombre de la dignidad del embrión se ha prohibido el uso de células troncales embrionarias para terapias génicas. ¿Deberíamos deshacernos de este concepto?
    Es cierto que diversas teorías (algunas de carácter religioso, otras no) hacen uso del concepto con sentidos muy distintos, y también es cierto que la gente le asigna de manera subjetiva diversos significados. Sin embargo, algo similar sucede con otros muchos conceptos morales, como los de libertad, responsabilidad, autonomía, derechos humanos, o incluso los conceptos de ética y de moral, a los que distintas teorías les asignan significados diferentes (y en ocasiones opuestos), o para los que hay diferentes entendimientos subjetivos, pero no por eso pensamos que debemos deshacernos de ellos.

    Ilustración: David e Izak Peón
    El término “dignidad” proviene del adjetivo latino dignus; dignitas es la calidad de ser dignus. Literalmente significaba tener valor o mérito; de ahí pasó a significar grandeza, autoridad, rango o jerarquía. Posteriormente, en la historia de la filosofía ha tenido distintos significados, pero son el uso cristiano del concepto, por un lado, y el uso kantiano, los que han tenido mayor trascendencia. Sin embargo, el primero deriva la dignidad humana del hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, lo que es difícilmente aceptable en una sociedad pluralista y laica. El uso kantiano no tiene esos problemas. Para Kant el uso de la razón práctica y la capacidad para la autonomía moral es lo que caracteriza al ser humano, y constituyen el fundamento de la dignidad humana. Sin embargo, su argumento es más sofisticado que esto. Kant llega a la idea de dignidad mediante una consideración acerca de la fuente del valor.

    El término “dignidad”, para Kant, implica valor, pero no cualquier tipo de valor, como puede ser el valor instrumental que le asignamos a las cosas, sino un valor intrínseco. Cuando predicamos de alguien dignidad, en este sentido, queremos decir que tiene valor en sí mismo. Para Kant sólo los seres humanos tenemos dignidad porque, a diferencia de las cosas, a las que nosotros les asignamos valor, nosotros somos la condición de posibilidad del valor en el mundo. Si no hubiera seres humanos en el universo no existiría el valor. Y no sólo le asignamos valor a las cosas, sino que nos damos valor a nosotros mismos; eso nos da un tipo de valor especial, hace que tengamos valor intrínseco. Esa capacidad, según Kant, depende a su vez de la racionalidad, de atribuir valor siguiendo razones, y en última instancia de ser capaces de seguir las normas morales que derivan de nuestra propia razón, es decir, depende de la autonomía.
    Uno podría cuestionar quiénes cuentan como racionales y autónomos (¿lo son los animales?, ¿los embriones?), pero la de Kant parece una de las mejores respuestas a la pregunta por el origen del valor y el significado de la dignidad. No tenemos otro concepto que englobe tan bien el significado de valor intrínseco que tenemos los seres humanos como el concepto de dignidad.
    Aceptar este tipo de valor implica reconocer que hay modos correctos e incorrectos de tratar aquello de lo que predicamos dignidad. Implica restricciones y obligaciones morales que no tenemos ante aquello que no tiene este valor. Por eso este concepto está en la base de muchas de nuestras concepciones de los derechos humanos, y figura de modo prominente en muchas declaraciones y pactos, entre otras la Declaración Universal de la UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005.

    El reconocimiento de la dignidad humana en este sentido, como el valor intrínseco que tenemos los seres humanos, implica una visión universalista que subyace a la bioética. No tiene cabida el relativismo cuando se trata de defender la dignidad, y por lo tanto los derechos humanos, de las mujeres, de gente con discapacidades, de grupos vulnerables y de otras muchas personas que, sin duda alguna, tienen valor intrínseco.

    Gustavo Ortiz Millán
    Investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. Miembro del SNI. Doctor en filosofía, Columbia University, N.Y.

    Dilemas éticos


    Ricardo Tapia

    1 Febrero 2018

    En muchos aspectos el inicio y el fin de la vida se tocan. Pero se tocan de manera diferente si agregamos a la palabra vida el adjetivo humana, y aún más diferente si en lugar de vida humana decimos persona.


    ¿Tienen vida cada una de los trillones de células que en su conjunto conforman el organismo humano? ¿Están vivos el óvulo y el espermatozoide, células que durante el proceso de fecundación in vivo (después del coito) no están contenidos dentro de un órgano, sino en un conducto llamado Trompa de Falopio en el vientre de una mujer, y cuando la fecundación ocurre in vitro ya ni siquiera están dentro del cuerpo, sino en un tubo de vidrio? ¿Tienen vida cada uno de los órganos del cuerpo humano, el corazón, los pulmones, el páncreas, el hígado, el riñón, o cualquier otro? La respuesta a todas estas preguntas es claramente sí, pues si estas estructuras celulares (todos los órganos están formados por células) no estuvieran vivas no podría haber reproducción humana y los óvulos fecundados in vitro (cigotos) no serían viables para generar un organismo humano. Tampoco podría haber trasplantes de órganos, ya que el órgano por trasplantar necesariamente ha estado fuera del cuerpo durante varias horas. Pero ¿tienen vida humana? La respuesta es, otra vez, sí, pues ahora sabemos que todas las células humanas tienen el genoma humano completo, es decir, la información genética propia de la especie Homo sapiens.


    Ilustración: David e Izak Peón

    Pero ¿basta el tener el genoma humano para ser persona y por lo tanto son personas las células individuales, el cigoto, los tejidos, los órganos? Aquí la respuesta es un no rotundo, pues sabemos desde la segunda mitad del siglo pasado que la estructura química básica de los genes de todos los seres vivos es idéntica, y que el genoma humano es en gran parte igual al de todas las especies de mamíferos: el genoma del chimpancé, la especie de los primates más cercana al primate Homo sapiens, es 98.6% idéntico al genoma humano. Así, si tener el genoma humano completo hace a una persona, el chimpancé sería 98.6% persona, y cada uno de los cigotos formados por fertilización in vitro y preservados en congelación es una persona y por tanto existen millones de personas congeladas.

    Entonces, ¿qué es una persona? ¿Cuándo se forma? Para contestar estas preguntas es necesario referirse al cerebro, el órgano maestro que regula todas nuestras funciones, tanto las corporales como las mentales, y del que depende precisamente el ser persona. En efecto, científicamente es imposible hablar de una persona cuando el cerebro, y más específicamente la corteza cerebral, no se ha desarrollado lo suficiente para establecer los circuitos neuronales que la componen ni sus conexiones con otras áreas neuronales, todas necesarias para que la corteza alcance plenamente sus funciones, que son precisamente las que distinguen a nuestra especie de cualquier otra. Es hasta las semanas 23-27 del embarazo cuando el número y las conexiones de las neuronas aumentan enormemente, y hasta las semanas 29-30 cuando aparece la actividad eléctrica de la corteza característica de un estado despierto. Este conocimiento, producto de decenas de investigaciones sobre el desarrollo intrauterino realizadas en los últimos 40 años, permite concluir, sin lugar a dudas, que el feto humano antes de la semana 30 es incapaz de tener percepciones conscientes, de procesar información y de tener conciencia, por lo que biológicamente no puede ser considerado una persona (la información detallada, con las referencias científicas pertinentes, puede leerse en el capítulo II del libro El desafío de la Bioética, Fondo de Cultura Económica, 2009).

    Las consideraciones y conceptos anteriores tienen enorme relevancia para resolver el dilema ético del aborto y las leyes que lo prohíben o regulan. Bajo este análisis, y por supuesto dejando de lado los dogmas y las creencias religiosas, como debería ocurrir en una República laica como es México, es posible afirmar que interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas no puede considerarse ni aceptarse como un asesinato porque el embrión no es una persona. En cambio, una mujer embarazada es una persona, y si decide consciente y libremente, en uso de sus facultades mentales y por la razón que a ella le parezca suficiente, interrumpir su embarazo, merece todo el respeto y apoyo para que se haga en las mejores condiciones médicas y sanitarias, como ocurre desde 2007 en la Ciudad de México. Por eso a quienes defendemos la autonomía personal en este tipo de decisiones, con fundamento en lo arriba señalado, nos parecen equivocadas, retrógradas y atentatorias contra los derechos humanos de las mujeres las leyes que consideran al cigoto o el blastocisto (estructura de aproximadamente 200 células generado durante la primera semana después de la fecundación, antes de su implantación en la pared del útero) son personas y por tanto prohíben y castigan la interrupción del embarazo. Esto ocurrió en 17 estados de la República, precisamente a raíz de la despenalización del aborto en esta ciudad y siguiendo los dictados de la religión católica, al aprobarse artículos constitucionales como este, de Baja California Sur: “Desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”. Peor todavía, recientemente algunos diputados han propuesto iniciativas para modificar el artículo primero de la Constitución de modo que diga prácticamente lo mismo que estas constituciones estatales.

    Un argumento esgrimido frecuentemente para postular que el cigoto es una persona es el de la potencialidad: al destruirlo se elimina una vida humana en potencia. Este prejuicioso argumento es insostenible porque nada garantiza que un cigoto pueda desarrollarse hasta generar una persona. Un blastocisto humano, aunque logre implantarse en el útero (entre 30% y 50% de los óvulos fecundados después del acto sexual no se implanta y muere), su desarrollo puede alterarse por defectos genéticos o por problemas hormonales o uterinos, lo cual con frecuencia resulta en abortos espontáneos o en productos con graves malformaciones, como la anencefalia, que evidentemente no pueden calificarse como personas. Por otra parte, si la potencialidad fuera un argumento sólido y consistente, tendríamos que concluir que todas las personas vivas debemos considerarnos cadáveres, pues estamos 100% seguros, a diferencia de apenas un 50% de probabilidad de que un cigoto se desarrolle hasta ser persona, de que todos moriremos. Así que el argumento de la potencialidad para respetar a un cigoto o un embrión como persona es falaz: una semilla no es un árbol, un huevo de gallina no es un pollo, un cigoto humano no es una persona, una persona viva no es un cadáver. Y esto nos trae al dilema del fin de la vida.


    ¿Cuándo muere una persona? Actualmente el criterio médico más aceptado de muerte de la persona es la “muerte cerebral”, que ocurre cuando la actividad eléctrica del cerebro desaparece, lo que lleva a la pérdida de todas sus funciones incluyendo por supuesto las funciones mentales o “funciones cerebrales superiores”, que nos distinguen de cualquier otra especie conocida, como la inteligencia, el lenguaje verbal y escrito, la capacidad de análisis, la conciencia de la realidad exterior y, sobre todo, la autoconciencia o conciencia de uno mismo como persona. Este criterio de muerte es perfectamente congruente con el criterio de inicio de la persona durante el desarrollo expuesto arriba, y ha sustituido al criterio de muerte cardiopulmonar, ya que el corazón y los pulmones pueden funcionar mediante máquinas como los respiradores y, como hemos mencionado, están tan vivos aun en ausencia del cerebro que pueden ser trasplantados. Por esto, es claro que la persona que recibe un riñón o un pulmón o un corazón sigue siendo la misma persona, a pesar de llevar en su cuerpo un órgano que perteneció a otra persona. En contraste, de acuerdo con lo expuesto hasta ahora, podemos concluir que, en el hipotético caso de que se llegara a trasplantar el cerebro, la persona receptora, cuyo cerebro obviamente ya fue eliminado, se convertiría en la persona donadora. Se trataría más bien de un trasplante de cuerpo a una persona, aunque físicamente sea el cerebro el que se transfiere.

    En este punto nos enfrentamos al dilema bioético de qué hacer cuando las funciones superiores del cerebro, pero no las funciones corporales, se han perdido por un daño cerebral. Este es el caso dramático de la enfermedad de Alzheimer, padecimiento neurodegenerativo en el que la muerte progresiva de las neuronas de la corteza cerebral y otras áreas interconectadas resulta en la pérdida de todas las funciones mentales. En estas condiciones los enfermos pueden sobrevivir durante largo tiempo si se atienden y satisfacen sus necesidades fisiológicas básicas, que ya no pueden atender por sí mismos. Pero la pregunta es ¿a pesar de estar viva, una persona en estado de Alzheimer avanzado sigue siendo persona? De acuerdo con todo lo anterior la respuesta es negativa, aunque es claro que el enfermo sí fue persona ¿Será entonces ético considerar la aplicación de la eutanasia, siempre y cuando, por supuesto, la persona en estado sano haya expresado mediante un documento de voluntad anticipada su deseo de que no se le mantenga vivo en el caso de llegar a esta situación? Si éste fuera el caso, en mi opinión la respuesta es afirmativa, al margen de que legalmente no se acepta en ningún país, quizá con excepción de Holanda, en donde el tema se ha discutido desde hace varios años. Este es uno de los cada vez más numerosos temas en que, como en el del aborto, la promulgación de las leyes debería hacerse racionalmente, sobre la base de los conocimientos científicos y médicos y pensando en el mayor interés y beneficio de las personas, y no en lo que proclaman los dogmas o las creencias religiosas.


    Ricardo Tapia
    Investigador emérito en la División de Neurociencias de Fisiología Celular, UNAM, e investigador nacional émerito.




    ¿Somos dueños de nuestra vida?
    1 FEBRERO, 2018

    Paulina Rivero Weber


    La libertad es el espacio necesario para el surgimiento de un ser autónomo: sin libertad, nadie puede crear para sí mismo (autós) norma alguna. Pero ser libre no consiste solamente en actuar sin constricciones o en poder elegir. Como lo supo el pensador judío Baruch Spinoza, ser libre requiere conocer las razones por las cuales se elige algo frente a otras opciones diferentes: para ello la educación es un factor indispensable. El grado de libertad aumenta en la medida en que un individuo es capaz de comprender las razones por las que se decide por una opción y no por otra.


    Asumamos que somos libres de manera gradual y tan sólo en cierta medida, pues nunca conoceremos del todo las últimas razones que nos impulsan a actuar. Con base en ello, enunciemos una distinción fundamental: una cosa es ser libre de algo y otra muy diferente es ser libre para algo.

    La primera expresión, ser libre de, es una condición necesaria para que pueda darse la segunda: ser libre para. Así, un individuo requiere ser libre de supersticiones para tener la posibilidad de ser libre para opinar de manera racional. Y con esto llegamos a algo fundamental: en el ámbito religioso es imposible la libertad de opinión, pues gran parte de las religiones no permiten el libre cuestionamiento hasta sus últimas consecuencias. De ahí que la bioética deba ser laica y, si no lo es, no es bioética.

    Ilustración: David e Izak Peón



    Una bioética laica posibilita ser libre para pensar y actuar. Y cualquier individuo libre considera por lo general que lo idóneo es ser autónomo, a saber: regirse a sí mismo, darse a sí mismo las propias reglas para vivir.

    El individuo autónomo en lugar de seguir lo estipulado por la moral gregaria, prefiere vivir bajo sus propias normas. Y mientras no haga daño a nadie ni altere los derechos y las libertades de los demás, cada individuo debe ser libre de pensar y actuar de manera propia, personal.

    Pensemos ahora en la libertad y autonomía con relación al principio y fin de la vida. El espacio que la libertad abre para la autonomía es evidentemente un espacio destinado a personas, no a otro tipo de entes con vida como podría serlo un conjunto de células o un pulmón. Por ello en la gestación la autonomía está referida a la madre gestante, como persona que es. Aquí algunas voces suelen insistir en que el feto o incluso el mero embrión son ya una persona. Pero ¿qué es una persona?

    En sus orígenes la palabra “persona” designaba la máscara empleada para hablar en el escenario: per sonare. Ésta daba a quien la empleaba una cierta personalidad tanto en el sentido antiguo como en el sentido moderno: se hacía escuchar de una cierta forma y con un cierto carácter, idea presente en nuestro concepto actual de “persona”, que remite a todo aquel que tiene la capacidad de expresar sus ideas o necesidades. Por ello, dar el estatus de “persona” a un conjunto de células es absurdo. Hay quienes aceptan lo anterior, pero insisten en que si bien el feto no es una persona, lleva en sí la potencia para serlo. Pero se trata evidentemente de una falacia: el feto adquiere la potencia de la madre, no de sí mismo.

    En el fondo de esta polémica anida una pregunta: ¿nos consideramos o no dueños de nuestra vida? Donde está prohibida la esclavitud nadie ni nada puede ser dueño de otra persona. La persona gestante debe ser, pues, libre y autónoma para decidir si desea y puede continuar la gestación o no.

    Estas ideas cobran mayor claridad si hablamos del final de la vida. Cuando la muerte requiere una antesala agónica que el individuo considera indeseable, es éste y solamente éste el que debe tomar la decisión de continuar o de suspender el sufrimiento previo a su muerte. ¿Quién más puede decidirlo si no es el propio individuo?

    En un Estado laico decisiones de este tipo, que no alteran la vida de la comunidad ni la de otros individuos, no deberían siquiera cuestionarse: si una persona no puede decidir sobre su propio cuerpo, hablar de libertad o autonomía no tiene sentido alguno.

    La suspensión voluntaria del embarazo y la libre elección ante la eutanasia no pueden someterse a votación popular: son cuestiones íntimamente personales en las cuales cada individuo debe actuar de acuerdo a su escala de valores personales. Mientras no se dañe a otras personas, la libertad y autonomía deberían considerarse valores inviolables.

    Paulina Rivero Weber
    Filósofa. Docente de la UNAM. Coordinadora del Programa Universitario de Bioética (UNAM).



    La medicina en la era de la objeción de conciencia
    1 FEBRERO, 2018

    Patricio Santillan Doherty



    Según el diccionario, la medicina es la ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano; pero esta es una concepción demasiado simplista y no completa. Tal y como reflexionó González Crussí hace algún tiempo, el humano es un “ser biológico sujeto a un conjunto de leyes fisicoquímicas influenciado por facultades ultrafísicas: mente, espíritu, intelecto, emociones” (aunque cada vez éstas se entienden mejor a partir de sustratos biológicos) que derivan en concepciones metafísicas importantes que le permiten vivir en comunidades e intentar desarrollar experimentos como lo que llamamos “sociedad democrática moderna”.

    La medicina, entonces, tiene su ontogenia en el acto que se da cuando un ser humano le pide ayuda a otro para resolver un problema de salud; es una relación netamente humana aquella que se da entre el paciente y su médico. Por eso se considera que no hay enfermedades sino enfermos y, como corolario, no hay medicina sino médicos, por lo que, siguiendo nuevamente a González Crussí, “la medicina clínica no es del todo una ciencia —gravita definitivamente hacia el arte”. Una ciencia que un ser humano aplica mediante la inclusión de valores humanísticos. Entonces, ¿es factible que el moderno Asclepio se excuse de dar el servicio que la sociedad espera de él o ella?

    Ilustración: David e Izak Peón

    La objeción de conciencia en medicina (OCM) se define como la decisión individual que toma un profesional de la medicina para dejar de realizar un acto médico científica y legalmente aprobado según la lex artis medica aduciendo la transgresión que dicho acto médico hace a su libertad de pensamiento, conciencia o religión (en otras palabras, sus principios morales y creencias religiosas). Son muchas las situaciones en donde esto sucede, pero sin duda encuentra mayor campo en el ámbito de la salud reproductiva (aborto, esterilización, anticoncepción, reproducción asistida), y en situaciones relativas a la muerte (suspensión de apoyo vital, sedación paliativa, aceptación del diagnóstico de pérdida de la vida por criterios encefálicos, aceptación de voluntad anticipada).

    La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye un parámetro de referencia válido para un comportamiento ético mínimo esperable en las sociedades plurales; en nuestro país ese marco conlleva la aceptación legal en el ámbito constitucional. Dentro de las libertades y derechos que protege dicha Declaración se encuentran el derecho a la salud (art. 25). Otros preceptos son igual de relevantes aunque en ocasiones pueden generar conflicto entre ellos y requieren ponderación. Sin duda uno de ellos que puede afectar las responsabilidades del moderno Asclepio es el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 18).

    Un médico puede experimentar conflicto entre su identidad ciudadana y su identidad como practicante de una religión. La resolución del conflicto frecuentemente adopta el argumento de que una de esas “identidades” debe tomar prioridad por encima de la otra.

    Los Asclepios modernos entendemos y aceptamos bien nuestras obligaciones profesionales. El juramento hipocrático ha caído en la obsolescencia y ha sido sustituido por el Juramento del Médico adoptado por la Asociación Médica Mundial y conocido como la Declaración de Ginebra por la ciudad donde se adoptó en 1948 (recién modificada durante la reunión de Chicago en octubre de 2017). Todo médico la debería suscribir; vale la pena resaltar algunos preceptos que han sido introducidos desde su presentación original:

    • La salud y el bienestar de mi paciente será mi primera consideración.

    • Respetaré la autonomía y la dignidad del paciente.

    • Practicaré mi profesión con conciencia y dignidad y de acuerdo con la buena práctica médica.

    • No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o discapacidad, credo, origen étnico, género, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, estatura social o cualquier otro factor pueda intervenir entre mi deber y mi paciente.

    • No usaré mi conocimiento médico para violar derechos humanos o libertades civiles, aun bajo amenaza.

    • Hago este juramento solemnemente, en libertad y bajo mi propio honor.

    Las actividades médicas se dan siempre dentro del contexto de una relación que establece el paciente con su médico, relación que genera valores inherentes de la que depende su viabilidad: vinculación, confianza, empatía, veracidad, reflexión. Todo esto pasa por el reconocimiento de la vigencia de los Objetivos de la Medicina descritos hace dos décadas: 1) prevenir enfermedades y preservar la salud; 2) curar y cuidar enfermos; 3) aliviar dolor/sufrimiento y consolar; 4) evitar las muertes prematuras y propiciar una muerte en paz (Centro Hastings, 1996).

    En estas páginas Arnoldo Kraus ha resaltado la existencia de un desbalance de poder en favor del médico dentro de la relación con los pacientes; la respuesta prudente sería promover la transformación de dicha relación de un sistema hipocrático-paternalista clásico hacia un sistema participativo en la toma de decisiones del paciente a través del respeto por parte de su doctor para vindicar su autonomía utilizando el conocimiento científico como herramienta insustituible de la práctica médica y tomando en cuenta la realidad pragmática de la economía de la sociedad y las leyes establecidas por ella misma para regularse. En otras palabras, los factores reales que determinan y le dan validez al cuidado médico son: a) los deseos del paciente expresados voluntariamente (consentimiento informado); b) el conocimiento científico; c) la distribución justa/equitativa de recursos finitos; d) lo establecido por las leyes vigentes.

    Una paciente, entonces, espera recibir de su médico lo mejor de su conocimiento médico-científico, dentro de un contexto humanístico de respeto, empatía, confianza y bajo la luz aprobatoria de la ley (o, por lo menos, en ausencia de su prohibición). Tomando esto en cuenta se entiende que los valores personales de un médico (o del resto del personal del sistema de salud) no establecen ni determinan el cuidado que dicho médico le debe a su paciente.

    Es posible identificar tres posturas de actitud ante OCM: aceptarla, no aceptarla o justificarla. De acuerdo a Gustavo Ortiz Millán, la primera postura posible, la aceptación, asume la tesis de la integridad donde se establece la OCM como un “derecho absoluto”; un absolutismo de conciencia donde los proveedores de servicios de salud deben ser eximidos de realizar cualquier acción contraria a sus creencias morales o religiosas. Esta postura soslaya el respeto al paciente (dignidad y autonomía), incumple con el principio de beneficencia/no maleficencia y desacata los Objetivos de la Medicina. Finalmente, interfiere con la atención que requiere una paciente utilizando a la OCM como una táctica obstruccionista y de boicot moral (situación frecuente en nuestro país, baste recordar el arreglo al que tuvo que llegar el gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el “Caso Paulina” —Informe 21/07, CIDH; 2007). Esta postura es la que frecuentemente se promueve en intentos legislativos federales y estatales copiando concepciones promovidas por organizaciones religiosas (Evangelium Vital, 1995).

    La segunda postura implica no aceptar la validez de la OCM, la tesis de incompatibilidad que juzga la OCM como incongruente con las obligaciones morales de los médicos. Considera que si un médico tiene problemas morales para realizar su actividad de acuerdo a la lex artis medica, entonces dicho profesional no cumple con sus obligaciones y debería ejercer su objeción desde antes de decidir el área de especialidad y evitarse este tipo de dilemas.

    En un terreno intermedio aparece la tercera postura que asume una tesis justificatoria donde el ejercicio de la OCM merece acomodación dentro del sistema médico pero se condiciona a una exhaustiva justificación de su relevancia para el agente moral (médico) en balance con el respeto al derecho del paciente a una atención médica adecuada, en tiempo y forma, que proteja su autonomía/dignidad y provea el mayor beneficio con el menor riesgo posible. Así, según Pauline Capdeville, la OCM “no se constituye strictu sensu un derecho autónomo, sino un derecho a poder beneficiar de una excepción a un deber jurídico en algunas condiciones”.

    Un problema serio es la cuestión de que, cuando el carácter de derecho y deber se reduce a la subjetividad de la persona involucrada en el sentido de que sólo el objetor sabe el grado de “daño moral” que experimenta, es difícil demostrar el grado de afectación a sus escrúpulos morales más allá de su propio dicho. Exigir como demostración la pertenencia, participación e involucramiento con alguna religión particular pone en desventaja a aquellos profesionales que no tengan dicha relación o bien sean agnósticos o ateos. Esto es algo que los expertos en laicidad deberán dirimir.

    La OCM en la medicina constituye un acto individual y privado que realiza el médico, el cual conlleva el riesgo de interferir negativamente con los intereses vitales de personas ajenas al objetor, los pacientes. Por eso debe ser regulada y su ejercicio condicionado de manera estricta. Argumentar la objeción de conciencia de manera irresponsable y sin pensar en el paciente abre la puerta a una medicina basada en valoraciones morales subjetivas con la posibilidad de transformar la práctica médica en una actividad idiosincrática, sesgada, prejuiciosa, intolerante y discriminatoria. Traiciona al paciente, daña a la medicina como institución y, sin regulación, amenaza la laicidad del Estado.


    Patricio Santillan Doherty
    Director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Profesor de cirugía torácica (UNAM). Miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, el Sistema Nacional de Investigadores y el Colegio de Bioética.

    Absurdos jurídicos
    1 FEBRERO, 2018

    Héctor A. Mendoza Cárdenas

    La función primordial del Poder Legislativo es la creación de leyes, cuya pretensión es dotar de un corpus normativo coherente que brinde seguridad a sus ciudadanos. Esto es lo que en la ciencia jurídica se denomina como derecho positivo. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas que se encuentran vigentes en un tiempo y en un lugar determinados.


    Sin embargo, en nuestro país pasa algo bastante singular, al menos en temas biotecnológicos de incidencia jurídica, no hemos logrado ni la coherencia ni mucho menos la seguridad legal que como ciudadanos nos merecemos.

    En México, particularmente en los temas relacionados con el inicio y final de la vida, nuestros Congresos (federal y locales) han sido incapaces de asimilar los cambios derivados de las biotecnologías, reflexionar sobre sus implicaciones y legislar en consecuencia.

    Una de las características de nuestro sistema federal es que ciertas facultades legislativas están reservadas para la federación, otras para los estados y algunas más tienen un carácter mixto, este es el caso de la salud, en donde la mayoría de las facultades legislativas se encuentran reservadas para la federación. Existen, sin embargo, materias reservadas exclusivamente para los estados como lo es el derecho de familia.


    Ilustración: David e Izak Peón

    Ahora bien, temas como la Reproducción Humana Asistida (RHA) tienen sin duda una incidencia evidente en temas de salud pero, de igual forma, influyen directamente en cuestiones familiares. Si bien ha habido casi una decena de proyectos de ley en el ámbito federal, pretendiendo regular la RHA, ninguno ha prosperado. Esto ha permitido que los estados con las facultades que tienen para legislar en materia familiar hayan legislado desde dicha perspectiva cuestiones relacionadas con la RHA.

    Ahora bien, lo preocupante en todo caso es la ligereza y la falta de conocimientos con que se han abordado estos temas, lo que ha resultado que en muchos casos se generen francos absurdos jurídicos.

    Iniciemos, por ejemplo, con el estado de Querétaro, en el que, por disposición de su Código Civil, se han creado lo que podríamos denominar como niños microscópicos. La legislación civil queretana establece que “los embriones pueden ser adoptados”. Es decir, los dota de derechos equivalentes a los de un ser humano nacido; consecuentemente, para el legislador queretano lo que en biología se conoce como embrión, por disposición legal es una persona.

    Igual sucede en Coahuila en donde el Código Civil establece que “El óvulo fecundado corpórea o extracorpóreamente, cualquiera que sea su grado de desarrollo, merece la protección que este código y las leyes otorgan a la vida humana inherente a las personas concebidas”. Así, todo embrión, incluso los que se encuentran fuera del cuerpo de la mujer, se consideran personas.

    También en Coahuila, pero ahora en su ley de Familia, se establece que para que una mujer pueda ser usuaria de la RHA debe dar su consentimiento previo, pero luego la misma ley establece que “El consentimiento a que se refiere el artículo anterior, quedará revocado con la muerte de quien lo otorgó, si antes no se hubiere producido la fecundación”, lo que podría ser válido si se tratara del varón fallecido, pero en este caso el absurdo, al no hacer distinciones la ley, si se trata de la mujer y ésta muere, simple y llanamente ya no puede haber fecundación, por lo que hablar en este caso de una posible revocación del consentimiento es francamente inadmisible.

    En el Estado de México un hijo concebido de manera natural puede, bajo las reglas genéricas del Código Civil, ser dado en adopción, pero si se trata de un hijo nacido bajo el uso de la RHA esto queda prohibido ya que la legislación establece literalmente que “La mujer casada no podrá otorgar su consentimiento para ser inseminada, sin la conformidad de su cónyuge. Tampoco podrá dar en adopción al menor nacido mediante este método de reproducción”.

    Uno de los temas que más ha generado polémica es la Maternidad Subrogada (MS), y es probable que en el Estado de México, sin establecerlo expresamente, lo que se pretendía era evitar la inseminación artificial de una mujer con material genético de un varón que no fuera su esposo, con quien se pactara a su vez la entrega del nacido. Sin embargo, tal y como se redactó, termina siendo uno más de los absurdos jurídicos que podemos encontrar en ciertas legislaciones

    En el mismo Código Civil del Estado de México se establece también que en caso de inseminación artificial (IA) “el consentimiento a que se refiere este capítulo deberá otorgarse judicialmente”, lo que deviene en pregunta obligada, ¿qué tiene que ver un juez, cuya función primordial es la de dirimir controversias entre particulares, con aprobar el consentimiento para un procedimiento de IA? Peor aún, en este código olvidaron, por ejemplo, que existen otras técnicas como la fecundación in vitro (FIV), ya que de dicha técnica nada se dice al respecto.

    Por su parte, el código Familiar de San Luis Potosí establece que “Sólo se permitirá la reproducción heteróloga cuando ha sido médicamente diagnosticada”, sin embargo, es evidente que el legislador no entiende del tema, pues lo que se diagnostica son enfermedades, no procedimientos, y la “reproducción heteróloga” es un procedimiento, no un padecimiento y mucho menos una enfermedad.

    Otro absurdo que podemos apreciar en la legislación potosina es cuando la misma ley establece que “Si hubiere un óvulo fecundado en forma extracorpórea, podrá ser implantado sólo en el caso de la mujer viuda, pero ello deberá hacerse dentro de los catorce días siguientes al fallecimiento del marido”, ¿por qué 14 días, por qué no 13 o 15? Nótese, además, la franca violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, cuando uno de los verbos utilizados por la ley es el verbo deber. Así, tajante y contundentemente, la ley ordena que la implantación deberá efectuarse en el plazo ordenado.

    Otro absurdo de la legislación potosina es cuando establece que en caso de que una mujer quede embarazada y enviude, debe informar a la autoridad judicial que lleve la sucesión, pero luego establece además el referido código Familiar que “Igual procedimiento se seguirá en el caso de existencia de embriones fecundados in vitro”; nuevamente y al igual que en otras entidades antes comentadas, sin decirlo expresamente, atribuyen a los embriones derechos equivalentes a los de las personas ya nacidas. En concreto, en San Luis Potosí los embriones pueden heredar.

    Por su parte, en Tabasco si bien no se puede heredar a los embriones, es posible reconocerlos como hijos. Efectivamente, la legislación civil tabasqueña nos plantea otro absurdo legislativo al ordenar que “Puede reconocerse al hijo que aún no ha nacido, incluyendo a los concebidos por cualquier método de inseminación artificial o fertilización in vitro, aun cuando no se encuentre en el útero materno en el momento del reconocimiento…”. Aunque no se dice, es de suponerse que un embrión al encontrarse fuera del útero materno, por ejemplo los generados por FIV, típicamente se encuentra congelado. Así, ¿podemos, lógicamente hablando, pensar que es viable reconocer como hijo a un embrión congelado?

    Con una redacción medianamente disfrazada y diferente, en Jalisco también se considera a los embriones como niños, ya que el Código Civil establece: “Se entiende por niñez, la etapa de vida en los seres humanos que comprende la gestación, el nacimiento, la primera y segunda infancia y la pubertad”. Si la gestación inicia con el anidamiento del embrión en el endometrio materno, entonces ciertamente ese embrión, por disposición legal, es niño. Cabe precisar que con redacciones diferentes los estados de Quintana Roo y Puebla también incurren en el mismo absurdo, al asemejar a embriones con niños.

    Hasta aquí hemos hablado predominantemente del inicio de la vida, sin embargo, hasta el momento el mayor de los absurdos jurídicos que hemos encontrado está en la Ley de Derechos de los Enfermos en Etapa Terminal de Nayarit. En este caso es evidente que el legislador ignora completamente los temas biomédicos, bioéticos y, consecuentemente, biojurídicos. Esta ley define la Objeción de Conciencia como “el derecho del médico tratante para negarse a someter al paciente a cuidados paliativos”. Así, un enfermo en etapa terminal puede desear recibir cuidados paliativos (lo que por cierto es su derecho) pero el médico tratante, argumentando objeción de conciencia, se puede negar a darlos. Adicionalmente, esta misma legislación tiene otro absurdo pues establece, respecto del documento de voluntades anticipadas que “cuando el solicitante fuere sordo o mudo, mientras sepa leer, se le dará lectura en voz alta al documento donde se hiciere constar su Declaración de Voluntad Anticipada”. Cabe precisar que si se tratase de un invidente la ley ordena que se le dé lectura de dicho documento dos veces. Así, por disposición legal, el sordo recibirá una lectura del documento “en voz alta” en tanto el ciego dos.

    Situaciones como las aquí planteadas abundan en nuestras legislaciones. No ahondamos en más casos por razones de espacio, sin embargo, estos ejemplos demuestran la ligereza e ignorancia con que se legisla en nuestro país.


    Héctor A. Mendoza Cárdenas
    Doctor en derecho. Profesor-investigador, UANL. Integrante del SNI.

    La revuelta contra las vacunas
    1 FEBRERO, 2018

    Samuel Ponce de León R.


    Es difícil dar una idea clara, una noción contundente, del inmenso beneficio de las vacunas. Hablamos de millones de muertes evitadas cada año, de cientos de millones de enfermedades que no ocurrieron, pero la abstracción de los números no refleja de ninguna forma el bienestar derivado de no volver a temer el riesgo de enfermar de poliomielitis, sarampión, tosferina, viruela, y otras más. Se evitan muertes y se evita que los padres sufran el terror de ver regresar a su hijo con fiebre y malestar de la escuela, ante la posibilidad de que fuese alguna infección grave. El ambiente lo recrea bien Philip Roth en Némesis, su última novela: “No sabemos cómo ni dónde nos enfermamos. La polio se ha extendido por toda la ciudad. Él la contrajo muy fuerte y murió. Hay una epidemia. […] Eso es lo único que sabemos. No sabemos cómo hubiera sido su futuro. ¡Lo sabemos! Replicó la madre enojada”. Las vacunas evitan el sufrimiento, el dolor y la enfermedad, y se evitan la disrupción social y los inmensos costos. Simultáneamente, la eficacia de las vacunas permite desconocer los riesgos.

     Microsoft

    En su éxito, entonces, las vacunas incuban la consecuencia de perder la percepción del riesgo. Los jóvenes padres que hoy se manifiestan antivacunas seguramente ya no tuvieron en la escuela compañeros con secuelas de polio o que murieron por sarampión o por alguna infección prevenible por vacunación. Pero la transmisión de las infecciones continúa sin manifestaciones, y en consecuencia el riesgo de enfermar en los no vacunados. En estas circunstancias, algunos grupos sociales reclaman la decisión de no vacunarse y no vacunar a sus hijos. Para justificar la decisión aluden riesgos sobredimensionados y consecuencias irreales. Ciertamente, las vacunas tienen efectos colaterales (eventos adversos) que en situaciones excepcionales pueden ser muy graves, pero hablamos de situaciones reconocidamente esporádicas en contraste con el riesgo de la infección natural. Por cada reacción vacunal grave han quedado protegidos cientos de miles y millones sin consecuencias. Es una comparación de riesgos: si vacuno, podrían ocurrir por cada millón entre uno a 10 casos de consecuencias graves, y si no vacuno, seguramente ocurrirán entre 100, mil, 10 mil muertes y miles más con secuelas graves, y otras más no graves. Pocas intervenciones médicas son tan seguras y tan eficientes como las vacunas, y también lo son sus procesos de producción. Pero todo tiene riesgos, la vida es una ininterrumpida sucesión de riesgos, y así los enfrentamos cotidianamente. Hoy es obligatorio usar el cinturón de seguridad y está prohibido fumar en lugares públicos cerrados.

    Ilustración: David e Izak Peón

    Los movimientos antivacunas, mayoritariamente, han proliferado con una creciente popularidad en diversos países desarrollados, al amparo de ejercitar la libertad de decidir y es este el tema central de la discusión, los límites de la libertad. Desde luego, la libertad es fundamental e irrevocable para individuos y sociedades. Las vacunas son un bien común que requiere la participación mayoritaria para garantizar la minimización del riesgo, riesgo que es individual y también colectivo. Inmunidad de rebaño se le llama. La familia que decide no vacunar a sus hijos construye un territorio de riesgo para sus propios integrantes, sus vecinos y sus amigos. Invade así sus libertades. No vacunar es un atentado social al favorecer grupos sin inmunidad, que permitirán que alguna infección inicie una cadena de contagios, con graves riesgos y, en el plano global, impidiendo el control y eventual erradicación de infecciones prevenibles.

    Desafortunadamente, las noticias de casos esporádicos de sarampión que inician brotes epidémicos son continuas, y consecuencia de esta distorsionada visión del riesgo al evitar la vacunación. En Europa y Estados Unidos hay decenas de brotes que son manifestación de un relativamente bajo nivel de vacunación en algunas regiones por este motivo. La posición contra las vacunas se alimenta de desinformación en una base de pobre educación.

    Otra situación (sorprendente) es la persistente dificultad para mantener tasas de vacunación óptimas en el personal de los servicios de atención médica. Resulta que médicos, enfermeras y otros miembros del equipo de salud no cumplen con la indicación de vacunarse. En este caso los motivos son más oscuros y difíciles de comprender, pero se aduce falta de tiempo y desinterés por una protección que perciben como innecesaria. También en este ámbito las consecuencias son graves puesto que un trabajador enfermo en servicios clínicos expone al contagio a pacientes frágiles, con resultados también muy graves.

    En el umbral del septuagésimo aniversario de la proclamación de los derechos humanos es oportuno refrendar también las obligaciones humanas. Una obligación destacada es precisamente cumplir con los esquemas de vacunación y se llega el momento de, además de considerarlo una responsabilidad moral, que se establezca como una obligación jurídica.


    Samuel Ponce de León R.
    Médico internista, especialista en infectología. Maestro en ciencias en epidemiología. Profesor de medicina. Coordinador del PUIS-UNAM.

    La eutanasia y el final de la vida
    1 FEBRERO, 2018

    Asunción Álvarez del Río

    La eutanasia es la ayuda con la que un médico termina la vida de un paciente que prefiere morir a vivir con el sufrimiento que le causa su enfermedad y para el cual no hay posibilidad de alivio. El paciente pide ayuda a su médico porque éste tiene el conocimiento y el acceso a los medicamentos que pueden procurarle una muerte segura y sin dolor.

     La eutanasia es una de las dos formas en que un médico puede ayudar a morir; la otra es el suicidio médicamente asistido que se distingue de la eutanasia por el hecho de que la ayuda se limita a proporcionar al paciente los medios para que sea éste quien realiza la acción que causa su muerte. La eutanasia y el suicidio médicamente asistido quedan englobados en el concepto de muerte médicamente asistida.

    Ilustración: David e Izak Peón

    Defendemos que las personas puedan vivir con la confianza de saber que si llegan a encontrarse en una situación en que ya no quieran vivir, contarán con la ayuda de un médico para morir. Esto implicará un acuerdo entre el paciente y el médico (idealmente con el consenso de los familiares) de que esa decisión es lo que más conviene al paciente y es consistente con sus valores y creencias. El paciente se considera dueño de su vida, al grado de poder decidir su final y el médico acepta ayudarlo a morir como un acto de solidaridad con el que apoya a su paciente en la última ayuda que éste le pide.

    Si bien las personas pueden querer terminar su vida por razones diferentes a las de padecer un sufrimiento intolerable causado por una enfermedad, la muerte médicamente asistida se da en el contexto de la atención médica. Habría que discutir si las personas también deberían tener derecho a recibir ayuda de médicos para suicidarse por razones que no son médicas, pero no es el tema que nos ocupa. La muerte médicamente asistida se justifica porque los avances de la medicina, que indiscutiblemente agradecemos, han permitido alargar la vida de las personas, incluso en condiciones en que no querrían vivir. Si antes la gran mayoría de la gente temía que la muerte llegara muy temprano, hoy son muchos los que temen que llegue demasiado tarde.

    Así sucede a quienes han visto morir a familiares, amigos o pacientes en condiciones de sufrimiento e indignidad que podrían haberse evitado. Afortunadamente, en nuestro país se han dado cambios legales en los últimos años para que las personas mueran mejor. Se respalda la decisión médica de no dar tratamientos que no representan un beneficio para el enfermo y sí pueden añadir más sufrimiento. Igualmente, un paciente puede rechazar un tratamiento, aun si como consecuencia de su decisión muere. Por otra parte, se ha establecido la obligación de aplicar cuidados paliativos a los enfermos que lo requieran, los cuales incluyen intervenciones para reducir o eliminar su conciencia con el fin de que no experimenten un sufrimiento que no se puede aliviar. Por último, las personas pueden suscribir su voluntad anticipada estableciendo qué querrían y no querrían en el caso de encontrarse en una situación en que ya no puedan comunicarse.

    Todos estas posibilidades representan grandes avances, aunque sobra decir que las leyes no bastan para que se den los cambios deseados, además de que les falta la claridad que se requiere para guiar en temas sobre el final de vida (no  permiten saber, por ejemplo, si la alimentación artificial se considera un tratamiento que puede suspenderse) y en algunos casos incluso se contradicen entre ellas, todo lo cual debe mejorarse. Para que las leyes se traduzcan en hechos es necesario que cambien las actitudes de pacientes, médicos y familiares, pues todavía son mayoría los que evitan hablar de lo que está sucediendo cuando se requieren decisiones para que el paciente tenga un buen final de vida, en lugar de seguir recurriendo a tratamientos inútiles que se deciden sólo con base en buenos deseos.

    El punto es que aun tomando las decisiones adecuadas habrá ocasiones en que los cuidados paliativos no puedan aliviar el sufrimiento de un paciente; si éste no está recibiendo un tratamiento que se le pueda retirar para poder morir (si es esto lo que quiere el paciente), la única forma de ayudarlo será mediante la muerte médicamente asistida. Las leyes también deben respaldar esta opción porque representa una enorme tranquilidad saber que cuando la medicina no tiene nada mejor que ofrecer al menos queda la posibilidad de ejercer la libertad para decidir ya no vivir.


    Asunción Álvarez del Río
    Psicóloga. Doctora en bioética. Profesora en la Facultad de Medicina de la UNAM. Autora de Práctica y ética de la eutanasia (FCE).



    A favor de la eutanasia
    1 FEBRERO, 2018

    Luis Muñoz Fernández

    Hans Küng (Sursee, Suiza, 1928) es sacerdote católico y uno de los más prestigiosos teólogos contemporáneos. Autor de una vasta obra escrita, ha sido objeto de polémica por su postura crítica con la propia iglesia católica, especialmente en los temas del gobierno absolutista de la Curia Romana, con la consecuente falta de colegialidad entre el Papa y los obispos, y la supuesta infalibilidad papal.


    Por esta razón, a finales de 1979 le fue retirada por Juan Pablo II y la Congregación para la Doctrina de la Fe la licencia para enseñar (missio canonica) teología católica. La Universidad de Tubinga (Alemania), su lugar de trabajo, le conservó su cátedra, creándole el Instituto de Investigación Ecuménica que dirige hasta hoy y que es independiente de la Facultad de Teología en la que antes era profesor.


    Ilustración: David e Izak Peón


    Küng no sólo ha divergido en estos temas de la opinión oficial de la iglesia católica, sino que lo ha hecho señaladamente en otros, particularmente en el de la eutanasia activa y el suicidio asistido. Es bien conocido que la iglesia católica está terminantemente en contra de ambos.

    En el tercer tomo de sus memorias (Humanidad vivida, Trotta, 2014), a partir de la demencia con una larga y difícil agonía de su amigo escritor y filólogo Walter Jens, Küng se plantea la necesidad de revisar la postura de la iglesia católica y de las autoridades civiles alemanas ante la eutanasia activa y el suicidio asistido:

    Según mi convicción cristiana, la vida humana, que la persona no se debe a sí misma, es en último término un don de Dios. ¡Pero, en cuanto a tal, vivir conforme a la voluntad divina es también tarea del ser humano! De ahí que esté a mi propia (¡y no ajena!) responsable disposición. Esto vale también para la última etapa de la vida, el morir. La eutanasia o muerte asistida es, pues, ayuda suprema para vivir. […]

    Así mantengo mi convicción, cabalmente como cristiano: ¡ninguna persona está obligada a soportar sumisa a Dios lo insoportable como dado por Dios! Eso que lo decida cada persona por sí misma, sin verse impedida en ello por sacerdote, médico o juez alguno.

    Küng y Jens ya habían escrito un libro titulado Morir con dignidad. Un alegato a favor de la responsabilidad (Trotta, 1997), que en 2010, durante la enfermedad de Jens, fue nuevamente editado y se le añadió una pequeña colaboración de Inge Jens, esposa de Walter. En este libro Küng señala que “Walter Jens y yo queremos hablar en nombre de un sinnúmero de anónimos pacientes, cuyo destino nos aflije considerablemente. No debemos permitir que sus destinos personales, a menudo tan difíciles de soportar, se pierdan en un grandilocuente debate ético, jurídico y teológico sobre principios”.

    Ante el argumento de que la eutanasia activa (o el suicidio médicamente asistido) contraviene el quinto mandamiento, Hans Küng responde lo siguiente:

    El mandamiento: “No matarás”, reza formulado con precisión: “No asesinarás”. Es necesario distinguir: poner fin a una vida sólo es asesinato cuando acontece en virtud de un motivo vil, de modo insidioso y violentando la voluntad del afectado. Pero poner fin a una vida es irresponsable cuando acontece no por motivos viles sino por motivos superficiales e irreflexivos… No obstante, también se puede poner fin a una vida de modo responsable.

    A pesar de que amigos y lectores de Hans Küng le advirtieron que estaba “poniendo en peligro la obra de toda su vida con su decidida defensa de la responsabilidad propia en el tránsito hacia la muerte”, el controvertido y extraordinario teólogo decidió escribir un nuevo libro titulado Una muerte feliz (Trotta, 2016) “para que el debate actual llegue a los Parlamentos, a los colegios profesionales, a los tribunales de justicia y a las iglesias, en concreto, a políticos, médicos, juristas y pastores de almas. Todo ello con la esperanza de un debate interesado y, al mismo tiempo, comprensivo”.

    Ferviente creyente en la existencia de Dios y la vida eterna, Hans Küng pide en este último libro un debate abierto y profundo sobre la eutanasia y se pronuncia a favor de la eutanasia activa bajo ciertos supuestos:

    Morir feliz no significa para mí una muerte sin nostalgia ni dolor por la despedida, sino una muerte con una completa conformidad, una profundísima satisfacción y una paz interior. Eso es, por cierto, lo que significa la palabra del griego antiguo euthanasia.


    Luis Muñoz Fernández
    Médico especialista en anatomía patológica. Master en bioética y derecho por la Universidad de Barcelona. Miembro del Colegio de Bioética, A.C.

    https://www.nexos.com.mx/?p=35960


    Santos García Zapata

    Editor del Diario Digital Notivargas.com y varios sitio web más, conductor del programa radial de mayor sintonía del estado Vargas "Contraste con Zapata". Creador del movimiento en pro de los perros de raza Pitbull llamado "NO A LA EXTINCIÓN DE PITT-BULL EN VENEZUELA “con más de 40 mil miembros.Director durante 11 años del diario Puerto.

    Sitio Web: Editor Director

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