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    domingo, 22 de julio de 2012

    Despenalización de la droga es una propuesta más fácil de formular que de cumplir



    La existencia de penas severas ha convertido este delito en un negocio cada vez más rentable.
    Cuando lo que se busca es que los consumidores no vayan a prisión, el debate es mayor en el plano moral que en el jurídico; sin embargo, aun cuando se admita la validez de argumentos como el de la pérdida de valores a que conduciría la no persecución penal de los consumidores de droga, lo cierto es que se trata de una censura que no debe ser trasladada directamente al Derecho Penal.
    Quitarse la vida mediante un disparo puede ser objeto de reparos morales, sin que por ello resulte correcto proponer pena de prisión para quien intente matarse. Lesionarse también podría ser criticable como una conducta que demuestra falta de valores, pero sería absurdo sugerir que quien así proceda sea sancionado con cárcel. Frente a actuaciones como estas, lo razonable parece ser un tratamiento médico o psicológico orientado a evitar que esas personas sigan en su empeño de hacerse daño.
    Quien decide consumir drogas elige una forma de atentar contra su salud, de la misma manera como lo hace el que se mutila o busca quitarse la vida; por eso la reacción del Estado frente a esa clase de comportamientos debe ser la misma, es decir brindar atención médica o psicológica a quienes así actúan. Si lo que se pretende es evitar que los menores adquieran esos hábitos, lo indicado sería poner en vigencia una legislación que aleje de la dependencia a los que no están aún en capacidad de decidir libremente sobre su conducta, pero no sancionar a quien de manera voluntaria asume los riesgos que lleva consigo el consumo de drogas. La utilización de la pena como forma de obligar a personas adultas a no poner en riesgo su propia salud, es una intolerable manifestación de paternalismo estatal.
    La cuestión es más compleja cuando la despenalización pretende abarcar el tráfico de sustancias prohibidas, porque ni siquiera está claro qué es lo que se pretende proteger con las normas que consagran esta conducta como delito. Según nuestra legislación, se trata de hechos que atentan contra la salud pública, lo cual daría a entender que lo reprochable es comercializar sustancias peligrosas; pero si eso fuera cierto, la venta de venenos, armas y químicos en general debería ser delito por tratarse de elementos que pueden poner en riesgo la salud de la comunidad.
    Como esa genérica prohibición no existe, debemos suponer que la criminalización del tráfico de drogas no tiene realmente el propósito de alejar a la ciudadanía de materias peligrosas, que sería otra manifestación de excesivo paternalismo estatal; el acceso del público a sustancias nocivas no debe ser penalizado, sino tan solo regulado en la ley -como ocurre con el alcohol, el cigarrillo, los químicos o los medicamentos-, para evitar que los menores entren en contacto con ellas, y para que los adultos conozcan los peligros de las mismas.
    Por curiosa que resulte la afirmación, si la lucha contra el narcotráfico tuviera un éxito tan rotundo que consiguiera el desabastecimiento total de droga, los países con mayores índices de consumo sí tendrían un serio problema de salud pública, pues se verían repentinamente enfrentados a la necesidad de tratar de manera simultánea a millones de personas con síndrome de abstinencia.
    El verdadero problema
    El problema real del tráfico de drogas tiene que ver con sus connotaciones económicas, porque siendo un delito con capacidad para generar enormes ingresos, puede ser visto como una amenaza para el orden económico social, de la misma manera como lo es el lavado de activos o el contrabando. Al ser un ilícito que trasciende las fronteras nacionales, sus implicaciones en este campo no pueden ser circunscritas a uno o varios países, sino que deben analizarse desde una perspectiva internacional.
    En casos como este, cuando el origen del delito está en su rentabilidad, la forma eficaz de combatirlo es convirtiéndolo en un mal negocio; podría pensarse que la criminalización de una conducta basta para que las personas se abstengan de delinquir, por lo que la amenaza de prisión sería suficiente para desestimular el tráfico de drogas.
    La realidad es, sin embargo, bien distinta; la prohibición eleva los riesgos del traficante, quien solo está dispuesto a asumirlos si los potenciales beneficios son muy atractivos, lo que a su vez conduce a encarecer el costo de las drogas para compensar los riesgos de su penalización. En otras palabras, la existencia de penas severas ha convertido este delito en un negocio cada vez más rentable, que pese a la enorme cantidad de dinero y vidas que se emplean en su erradicación, sigue mostrando sostenidos niveles de crecimiento.
    Pero como los enormes flujos de dinero que genera el narcotráfico impactan la economía mundial, es impensable que de manera aislada uno o varios países tomen la iniciativa de despenalizarlo. Parece claro que los mecanismos hasta ahora utilizados para combatir este delito no han dado los resultados esperados; pero si el planeta entero diera un paso directo hacia la legalización del comercio de estupefacientes, las consecuencias que ello traería para la economía del mundo podrían ser de dimensiones incalculables. Por eso las alternativas que se planteen para combatir este flagelo solo pueden ser puestas en marcha si existe un consenso a nivel mundial sobre el impacto que ellas tengan en el orden económico internacional.
    Por Yesid Reyes Alvarado, abogado penalista.
    http://www.cambio.com.co/paiscambio/821/4900040-pag-2_2.html
    Drogas y... ¿objetivismo “revolucionario”?
    Oriol Romaní · · · · ·
    23/07/12




    Prohibicionismo, anti- prohibicionismo y reducción de daños

    Pertenezco a aquellos que “... proponen incluso despenalizar la comercialización de las drogas”, tal como planteábamos ya en 1989 cuando, juntamente con Jaume Funes, Sergio Gonzalez, Imma Mayol y Carlos Gonzalez escribimos uno de los textos seminales de Grup Igia titulado “Repensar las drogas” en el que abogábamos por la legalización de todas las drogas, desde la óptica de facilitar unas políticas de drogas más justas y eficaces, es decir, para hacer posible una intervención pública realista y responsable en  los problemas relacionados con las drogas, frente al descontrol salvaje que supone el prohibicionismo. Un punto de vista que nosotros mismos tildaríamos después de socialdemócrata, en contraste con el liberal que propugnarían autores como Fernandez Savater o Escohotado, que se podría resumir en aquella frase de “yo hago con mi cuerpo lo que quiero”, muy bonita pero poco práctica para la realidad de aquellas personas que sufren en sus propios cuerpos las situaciones de subalternidad y explotación que marcan sus vidas.

    Existe ya un amplio consenso (desde sectores críticos y de izquierdas en los que están presentes, no sólo usuarios, sino cada vez más profesionales del sector y gestores políticos, hasta sectores de la derecha liberal, en el sentido no sólo económico del término) en criticar el modelo prohibicionista de las drogas, aquel que asocia “la droga” (es decir, aquellas variadas sustancias sometidas a convenios internacionales) a delito y estigmatización, porque parece bastante evidente su fracaso, en términos de sus propios supuestos explícitos, es decir, defender la salud y la sociedad; consenso que se basa precisamente en la constatación de sus progresivos altos costes, en la salud y la vida de las personas y en la cohesión de las sociedades, a lo largo de las últimas décadas del siglo anterior y hasta la actualidad. Ejemplos paradigmáticos de ello podrían ser los más de 50.000 muertos que la “guerra al narco” del presidente Calderón está costando a México, o la tremenda realidad que nos muestra una muy recomendable monografía antropológica de los jóvenes de los barrios del Gran Buenos Aires en la época del “corralito” (1), donde se puede ver como la forma actual de circulación de la cocaína (criminalizada) se articula con la intensa explotación que el neoliberalismo impone a poblaciones sometidas a procesos no sólo de exclusión social, sino de extinción (2).

    Un punto de encuentro de diversas posiciones, seguramente por el pragmatismo que las caracteriza, ha sido el del desarrollo de las políticas conocidas como de reducción de riesgos o de daños, que se iniciaron en zonas de Inglaterra y de Holanda en la época de la expansión del Sida y que fueron implementando, sobre todo, las administraciones locales y regionales, a pesar que pronto fueron reconocidas a nivel europeo, como muestra la declaración del Consejo de Ministros de la Salud de la Unión Europea del 16 de mayo de 1989: “Las políticas de acción para resolver los problemas que resultan del consumo de drogas deberían revisar su objetivo final -abandono del consumo- y considerar objetivos intermedios -disminución de la mortalidad, limitación del riesgo de infección por VIH u otros agentes infecciosos, reducción de la marginalidad, etc.- como aspectos esenciales que hay que atender”(3). Ello significa considerar a los usuarios como interlocutores reconocidos por las instituciones que intervienen en este campo, pues ellos son quienes mejor conocen sus necesidades (4), ofrecer alternativas de salud a los consumidores que no pueden/no quieren dejar de consumir, pensar en medidas técnicas (intercambio de jeringuillas, consejos para un uso más sano, etc.) independientemente de su posible repercusión penal... en fin, un conjunto de acciones que choca muchas veces con las leyes prohibicionistas, pero ante las que, finalmente, ha habido tolerancia por su gran eficacia en el abatimiento del VIH-Sida y otras infecciones, sobre todo en contraste con el gran fiasco propiciado por el prohibicionismo (adulteración, incitación al consumo por la implicación de los consumidores en el mercado negro, mitificación adolescente de “la droga prohibida”, falta de medidas higiénicas, no tratamiento por miedo y otras dificultades de acceder a las instituciones de salud, estigmatización, etc.) (5).

    Ciertamente, este modelo también se puede entender de maneras distintas, y hay quien pretende reducirlo a un mero conjunto de medidas técnicas que cada cual sería responsable de aplicarse, una vez adquiridas en el mercado, en una visión muy coherente con las técnicas de la gubernamentalidad posmoderna (6). Pero una parte significativa de los que llevamos años trabajando en ello pensamos que hablar de medidas eficaces es hablar también de medidas justas, pues sabemos que la eficacia es para toda la población o no es tal (7), lo que supone tener en cuenta, además de todos los elementos técnicos, los condicionamientos estructurales y las relaciones de poder, las dimensiones políticas que atraviesan toda sociedad, tanto en el momento del diagnóstico de la situación como en el de programar intervenciones.

    Este es el contexto en el que hay que situar el texto que tanto escandaliza a nuestro articulista y, según él, a la Red de Madres. Esto último es lógico, ya que ocurrió lo mismo en España cuando la crisis de la heroína golpeó muy duramente a los sectores populares: cuando, a finales de los ochenta, surgieron tanto la Coordinadora de Barrios como las Madres contra la Droga, ante las situaciones que vivían sus vecinos e hijos, lo primero que pidieron fue más policía y otras medidas de control duro, pues la angustia ante la situación de desprotección era grande y reaccionaban a partir de lo que habían oído toda la vida. Con el tiempo y el trato más directo y reflexivo con el problema, fueron aprendiendo que estas medidas de control duro, policía incluida, eran parte del problema, y tanto unos como otras acabaron reclamando medidas despenalizadoras desde posiciones muy críticas con el prohibicionismo hegemónico. Lo que no me parece tan lógico es que un universitario con pretensiones revolucionarias se deje llevar por los tópicos y simplismos de dicho modelo, confundiendo estas otras maneras de abordar las cosas con una especie de caballo de Troya de la reacción. Y aquí, en efecto, es donde creo que tenemos que entrar en cuestiones teórico- epistemológicas.

    Construcción social de la realidad, realidad objetiva y dependencia

    Creo que es un insulto a la herencia de la Ilustración confundir la cientificidad con el positivismo más rancio, como si de Darwin hacia acá no hubiera llovido nada. El estudio de las drogas es precisamente un campo que ha exigido desarrollar modelos un poco más complejos de análisis de la realidad, para superar aquellas explicaciones pretendidamente universales de tipo monocausal, como las centradas en los efectos farmacológicos de una sustancia, en la “personalidad adictiva” del consumidor, o semejantes. Y uno de estos modelos es el de la construcción social de la realidad, que es mucho más que un tema de percepciones, aunque la ignorancia ligada a ciertas modas postmodernas del “todo vale” hayan pretendido reducirla a eso, que es con lo que se ha quedado nuestro autor. El texto clásico de la sociología del conocimiento donde cuajó dicho modelo (8), que recoge aspectos centrales de la tradición marxista, por un lado, y de la fenomenológica, por el otro, plantea que para entender la realidad, o un campo específico de ella, debemos tener en cuenta la relación dialéctica existente entre las condiciones materiales de existencia de un grupo, y su herencia cultural, es decir, la pantalla a través de la cual interpreta esa realidad en la que vive. Lo cual no quiere decir que no haya elementos objetivos de la realidad, como el hecho de que todo el mundo detecte que allí hay una situación problemática (las diferencias estarán, en todo caso, en como se interpreta y en lo que hay que hacer delante de ella) o, más en general, como la base biológica de la que estamos hechos los seres humanos, sino que éstos elementos son percibidos, manipulados y elaborados de forma distinta en distintos grupos y sociedades, como muy bien nos ilustra la antropología. Cada cultura está compuesta a su vez de simbolizaciones y discursos distintos, que pueden ayudar a entender mejor la realidad material y simbólica en la que vivimos, para así poder transformarla... o no, pues una de las funciones de los discursos hegemónicos ha sido, en general, la de dar una visión conformista de la realidad, que permita la reproducción del tipo de sociedad que favorece a los grupos dominantes que acostumbran a difundir dichos discursos.

    Si recuerdo esto que me parece elemental, es para situar el marco teórico- metodológico (9) alrededor del cual hoy en día hay un gran consenso en el abordaje del campo de las drogas, como es el de la intrínseca relación entre contextos, sujetos y sustancias, pues nos ha permitido explicar(nos) muchas más cosas que abordajes anteriores, basados en un positivismo formal, como la criminología, la psiquiatría o la farmacología. Sabemos muy bien que una cosa son los efectos farmacológicos de una substancia en un experimento de laboratorio controlado, y otra es la que se da en la calle, pues los efectos farmacológicos vienen mediatizados por muy distintos factores que incluyen el estado físico del sujeto, la situación psíquica, las experiencias de consumos previos, las técnicas de consumo, las condiciones higiénicas, el momento en que lo hace, con quien lo hace, que espera(n) al hacer esto (las expectativas culturales o efectos esperados), lo cual incluye seguir una norma o transgredirla, pues será muy distinto si la sustancia es considerada un sacramento, un remedio medicinal, o un producto estigmatizado, consideraciones que varían de sociedad en sociedad y según épocas históricas. Así pues, la interpenetración dinámica de los tres elementos (contexto-sujeto-sustancia) abocará a una serie de consecuencias distintas en el consumo de drogas, entre las cuales, sus propios efectos; y no sólo los efectos percibidos, sino los más objetivos, pues es evidente que no todo fumador habitual de tabaco o bebedor de alcohol desarrolla, respectivamente, cáncer de pulmón o cirrosis hepática, aunque tienen muchas más probabilidades de hacerlo que quien no lo es. Pero hay una serie de aspectos, que van desde la genética (10) hasta las condiciones de vida, materiales y simbólicas, que hacen que el consumo de una misma sustancia en condiciones distintas tenga efectos distintos(11).

    Así, afirmar que “ciertas sustancias afectan las neuronas y generan dependencia” es una verdad a medias, pues si lo primero es incuestionable, lo segundo, para acercarse a la realidad empírica, debería reformularse afirmando que “tienen capacidad para generar dependencia”, que no es lo mismo. Y no es una cuestión de matiz, porque la primera afirmación llevaría a entender que cualquier consumo de drogas (12) crea dependencia, lo cual no se aviene a la realidad de la existencia de millones de consumidores de drogas (legales e ilegales) que hacen consumos no dependientes. Para hablar de dependencia, es decir, de aquella situación en la que una persona organiza toda su vida alrededor del consumo de una o más drogas, debemos tener en cuenta la íntima articulación de los efectos farmacológicos no sólo con los factores ahora mencionados, sino también con el proceso biográfico que lleva a buscar una identidad importante (“drogadicto”) cuando es muy difícil hacerse con cualquier otra socialmente relevante, a identificarse con ciertas personas, con ciertas situaciones vividas, con ciertos rituales específicos, con un uso determinado del espacio y del tiempo, es decir, con procesos de construcción del yo que van mucho más allá de la mera sustancia (13).

    Sobre riesgo, miedo y prevención

    Con lo dicho hasta aquí creo que se podrá entender que estoy de acuerdo con que “no existe verdad científica (sometida a pruebas, verificación, etc.) acerca de la peligrosidad de la droga”. Primero, porque no existe tal ente fantasmagórico, “la droga” sino un conjunto de sustancias muy diversas entre ellas; unas, fiscalizadas por convenios internacionales, pero de las que, hasta el momento, nunca se ha podido demostrar unas características comunes que justifiquen su inclusión en las mismas listas desde parámetros de salud, pero que son las que vulgarmente, a partir del sentido común (hegemónico) se llaman “droga”; y otras (alcohol, tabaco, psicofármacos diversos, etc.) que quedaron hasta hace poco fuera del concepto, lo cual facilitó enormemente su trivialización. Segundo, porque si científico son aquellos métodos sistemáticos que nos permiten conocer el máximo de aspectos de la realidad, y sobre los que hay un cierto acuerdo en la comunidad científica -más allá de los métodos ligados en la modernidad a lo que conocemos como “ciencias duras”-, es evidente que no existe en el caso de las drogas o, en todo caso, que no se corresponde en absoluto con el discurso prohibicionista hegemónico hasta ahora, pues los modelos más complejos a los que he hecho referencia y que tienen esta mayor capacidad explicativa acostumbran a ser muy críticos con él. Y tercero, porque es muy burdo como explicación y muy poco útil para las consecuencias que se puedan sacar, hablar de peligrosidad como un universal ligado a “la droga”.

    En todo caso, resulta más cercano a lo que ocurre en la realidad, y puede ser más útil para la intervención social, hablar de riesgos, pero no asimilándolos a peligro, sino a lo que realmente significa el concepto: la probabilidad de que de una determinada acción o situación se deriven ciertos daños. Lo cual nos exige ser cuidadosos cuando hablamos de percepción del riesgo, pues a veces se confunde baja percepción de riesgo con que los jóvenes no reproduzcan el discurso prohibicionista del todo o nada, cuando resulta que, a partir de sus vivencias más inmediatas, pueden ser capaces de distinguir situaciones y maneras de acercarse a las drogas que les parezcan más o menos peligrosas, a veces con mucha mayor precisión que ciertos discursos institucionales (14). Lo que está fuera de duda, por el resultado obtenido hasta ahora, es que con un discurso tremendista que poco tiene que ver con su realidad (o que esconde las raíces sociales y políticas de situaciones muy tremendas atribuyéndolas a “la droga”, lo que es peor) no se ha sido capaz de influir en los jóvenes, es decir, no funciona el miedo como eje de la prevención entre otras cosas porque es una falta de respeto que se contradice con los valores que teóricamente se quieren vehicular con la prevención, y estas contradicciones son detectadas inmediatamente, sobre todo por los adolescentes. En cambio, desde situaciones de proximidad, con metodologías que no cuestionen de entrada lo que hacen los jóvenes (a veces, entre otras cosas, consumir algunas drogas) y demostrando un conocimiento de sus intereses y situaciones reales, habrá una mayor autoridad moral para transmitir ciertos mensajes preventivos y llegar a evitar las consecuencias más negativas de algunos consumos(15).

    No se pueden hacer políticas de drogas contra algunas de las personas que las consumen. Está claro que hay gente, sobre todo joven, que tiene problemas en relación a sus consumos de drogas, y que como ciudadanos tienen derecho a encontrar ayuda en las instituciones públicas, y a técnicos o expertos con los que poder trabajar sus sufrimientos. Pero esto hay que hacerlo a partir de un conocimiento exhaustivo del campo que pisamos, de la manera más horizontal posible, sin paternalismos moralizantes, con la suficiente flexibilidad para ir modificando los caminos según la situaciones que el proceso vaya presentando, y teniendo claro que lo que le pasa a aquel muchacho o muchacha va mucho más allá de su relación estricta con una sustancia, pues está enraizado en un contexto sociocultural y político determinado, por más que ciertas posturas que pretenden ir de científicas quieran escondérnoslo, con lo que demuestran su poca cientificidad  al amputarnos una parte fundamental de la explicación de la realidad.

    No creo que sea negativo intentar otras maneras de hacer prevención, respetuosas con los derechos humanos, orientadas a conseguir una salud pública digna de tal nombre y una cierta cohesión social que permita luchar mejor contra las desigualdades sociales, que están en el origen de muchos sufrimientos, colectivos y personales. Y creo que, como toda iniciativa, debe ser criticable; pero lo que es negativo es hacerlo desde el desconocimiento y los prejuicios más rancios, pues ayuda muy poco a avanzar hacia unas necesarias nuevas políticas de drogas.

    NOTAS: [1] Epele, María (2010) Sujetar por la herida. Una etnografía sobre drogas, pobreza y salud. Buenos Aires, Paidós[2] Bialakowshy, Alberto et alt. (2004) “Procesos sociales de exclusión- extinción. Comprender y coproducir en las prácticas institucionales en núcleos urbanos segregados”, in Mota y Cattani (Coords.) Desigualdad, pobreza, exclusión y vulnerabilidad en América Latina. Toluca (Mex), ALAS – Ed.Cigome: 101-142. [3] Ver Nieva, P., Baulenas, G. y Borràs, T. (1995) Centros de Encuentro y Acogida. Madrid, PNSD. [4] De hecho, gran parte de las primeras intervenciones de reducción de daños, como el intercambio de jeringuillas, fueron iniciativa de asociaciones de usuarios de Amsterdam, en los años ochenta. [5] VV.AA. (2010) Harm reduction: evidence, impacts and challenges. EMCDDA, Lisboa. [6] Ver al respecto Sepúlveda, M. (2010) “Gubernamentalidad y riesgo en el campo de las drogas: cuando la chance deviene presagio”, El Cotidiano, 163: 55- 65. [7] Como demuestran investigaciones de antropología médica  o epidemiología crítica como Farmer, Paul (2001)  Infections and Inequalities: The Modern Plagues. University of California Press; Farmer, P. (2004) Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor .University of California Press (Amartya Sen, Foreword); Navarro V, Borrell C, Benach J, Muntaner C, Quiroga A, Rodríguez-Sanz M, Verges N, Guma J, Pasarín MI. The importance of the political and the social in explaining mortality differentials among the countries of the OECD, 1950-1998. International Journal Health Services. 2003;33(3):419-94.  [8]Berger, P.L. & Luckman, T. (1976) La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu. [9]Para no abusar del concepto de modelo o paradigma! [10] Que la neurociencia -y sobre todo, la epigenética- nos está demostrando ahora que no es un “destino”tan fijo como pretendían las explicaciones derivadas de los modelos biológicos positivistas clásicos! [11] Desarrollo todos estos temas de una manera más amplia en Romaní, O. (2004) Las drogas. Sueños y razones. Barcelona, Ed. Ariel (1ª ed, 1999). [12]Y no de “droga”, porque no hay concepto menos objetivo que éste, que engloba realidades muy diversas entre ellas bajo la misma etiqueta. [13] La polémica de la dependencia, un concepto con raíces histórico-políticas que no habría que olvidar para saber de que hablamos, tiene ya bastantes años, y he intentado sintetizarla en Romaní, O. (2011) “La epidemiología sociocultural en el campo de las drogas: contextos, sujetos y sustancias” in Haro, J.A. (Comp.) El planteamiento de una epidemiología sociocultural. Un diálogo en torno a su sentido, métodos y alcances. Buenos Aires, Editorial Lugar: 89- 113. [14] Ver al respecto Sepúlveda, M. (2010) “La ley del todo o nada: el aguante como ideología” in Romaní, O. (Coord.) Jóvenes y riesgos, ¿unas relaciones ineludibles? Barcelona, Bellaterra Eds. [15] Ver al respecto Romaní, O. (2008) “Políticas de drogas: prevención, participación y reducción del daño”. Salud Colectiva;4(3):301-318. (Argentina)

    Oriol Romaní  es catedrático de Antropología Social de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) y Presidente del Grup Igia (Barcelona)


    Santos García Zapata

    Editor del Diario Digital Notivargas.com y varios sitio web más, conductor del programa radial de mayor sintonía del estado Vargas "Contraste con Zapata". Creador del movimiento en pro de los perros de raza Pitbull llamado "NO A LA EXTINCIÓN DE PITT-BULL EN VENEZUELA “con más de 40 mil miembros.Director durante 11 años del diario Puerto.

    Sitio Web: Editor Director

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