Bush/Cheney

Obama y el régimen delincuente
Ralph Nader · · · · ·

16/11/08


En estos días, Barack Obama está recibiendo consejos de mucha gente sobre asuntos como el colapso de Wall Street, el hundimiento de la economía o el atolladero bélico heredado del régimen de George W. Bush. Sin embargo, hay una cuestión importante que puede afrontar solo, apelando a su experiencia jurídica y al juramento de defensa de la Constitución que realizará el próximo 20 de enero. Se trata de la sistemática y crónica ilegalidad y criminalidad del régimen Bush/Cheney, un fenómeno que Obama debe desentrañar y detener.

Para lidiar con tamaña responsabilidad como presidente, debería reunir a un grupo de trabajo voluntario, integrado por expertos y por algunos funcionarios competentes ya retirados, y requerirles un inventario de las ilegalidades perpetradas por este régimen delincuente. Mucho de lo ocurrido se sabe ya: está documentado oficialmente y respaldado por estudios académicos e informes periodísticos. Dentro de la categoría de "crímenes y delitos de Estado", de hecho, podrían incluirse: (1) la criminal guerra de ocupación de Irak; (2) las torturas sistemáticas como política de la Casa Blanca; (3) los arrestos de miles de estadounidenses sin cargos ni derecho a la tutela judicial efectiva; (4) el espionaje de un vasto número de estadounidenses sin garantías judiciales y (5) cientos de declaraciones escritas de George W. Bush reservándose, como única autoridad, el cumplimiento o no de las leyes aprobadas.

Haciendo honor a su reputación, el conservador Colegio de Abogados norteamericano envió al presidente Bush tres informes en 2005-2006 en los que consideraba que éste había incurrido en serias y continuas violaciones de la Constitución. No se trataba, por tanto, de un episodio de aislada obstrucción a la justicia, como el que forzó la renuncia de Nixon justo antes de ser sometido a juicio político por el Congreso de Diputados. Hace casi dos años, el Senador Obama, contrariando lo que sabe y aquello en lo que cree, se pronunció de manera determinante contra la posibilidad de que el Congreso abriera un proceso de juicio político. Dividiría demasiado, sostuvo entonces. Y lo hizo siendo parte de los cien senadores que podrían haber juzgado al Presidente y al Vice-Presidente en el Senado si el Congreso hubiera impulsado la acusación. Lo que correspondía, en realidad, era mantenerse imparcial y no pronunciarse sobre la materia.

Como presidente, Obama no puede permanecer en silencio y cruzado de brazos. Si lo hace, heredará los crímenes de guerra de Bush y Cheney y acabará por convertirse él mismo en un criminal de guerra. La inacción no es una opción. Violar la Constitución y las leyes federales se ha convertido en rutina. Si no se hace nada, esa rutina puede, pasado un tiempo, devenir en ilegalidad institucionalizada mediante decisiones oficiales también al margen de la ley.

Los abusos en materia de política interna son también rampantes ¿Cuáles son, por poner un ejemplo, los límites de la autoridad legal del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos o de ese gobierno dentro del gobierno sostenido por fondos de bancos y conocido como Reserva Federal? Y no vale invocar los 750.000 millones de dólares de la ley de ayudas como respuesta! La portavoz del Congreso, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, acaban de enviar una carta a Bush preguntándole si la Casa Blanca cree que la ley de ayudas podría interpretarse como un salvavidas no sólo para algunos bancos inescrupulosos, sino también para las tres grandes fábricas de automóviles de Michigan, cuya mala administración ha sido clamorosa ¿Acaso no sabía el Congreso lo que estaba autorizando y lo que no? ¿O es que, acobardado ante la estampida generada por las demandas de Bush, sólo pudo responder con una temerosa y desnortada ambigüedad?

Esta semana, el Washington Post publicó en portada que el Departamento del Tesoro había otorgado a los bancos, de manera unilateral, una desgravación fiscal que rondaba la inconcebible cifra de 140.000 millones de dólares. ¡Así, como si nada! El periódico recogía también la opinión de juristas imparciales que consideraban que la decisión carecía de cobertura legal. Es decir, que el régimen de Bush usurpó la autoridad constitucional del Congreso en materia tributaria y se saltó, en la práctica, una ley aprobada por éste hace 22 años. Para no quedarse atrás, el mismo día, el New York Times dio cuenta de una orden de Bush de hace cuatro años en la que autorizaba a las Fuerzas Especiales y otras fuerzas armadas a perseguir terroristas en cualquier país del mundo. El Times mencionaba de manera específica incursiones discrecionales en Siria, Irán, Somalia, Pakistán, y otros países.

Tales violaciones de la soberanía nacional sin que medie siquiera una declaración formal de guerra o la intervención formal de Naciones Unidas constituyen vulneraciones del derecho internacional. Como respuesta, el gobierno Bush invoca un elástico y totalmente auto-definido "derecho de defensa" supuestamente consagrado en la Carta de la ONU. El problema es que también otros grupos terroristas secretos o acciones secretas de gobiernos adversarios podrían invocar un argumento similar. Después de todo, es lo que ocurre cuando se inventa un derecho internacional a la carta para cubrir las propias operaciones secretas.

Teniendo en cuenta que es un país que tiene mucho que perder con la descomposición del derecho y del orden internacionales, los Estados Unidos de Bush le están dando demasiadas coartadas a sus vengativos y suicidas adversarios. Estos no tienen más que dirigirse a su masivo público y decirle: si los Estados Unidos hacen siempre lo que quieren ¿por qué no nosotros?

Se ha documentado ampliamente cómo, bajo la dirección de los señores Aschroft y González, el Departamento de Justicia se ha convertido en paradigma del desprecio por las libertades civiles y el debido proceso y de interferencia con la actuación de los procuradores de los Estados Unidos. Menos publicitada ha sido su negativa a aplicar la ley contra las repetidas transgresiones perpetradas por los grandes señores del mercado de la Casa Blanca: desde delitos ambientales hasta fraudes al consumidor o violaciones a la normativa anti-monopólica.

Obama dispone de instrumentos para restaurar la ley y el orden desde el propio gobierno. Puede utilizar el poder de convicción de la tribuna presidencial (el "bully pulpit"), impulsar directivas departamentales, emitir órdenes ejecutivas o requerir la aprobación de leyes. Además de devolver la integridad a una administración pública golpeada y sometida que, con el nuevo gobierno, merece una protección más efectiva para las denuncias de actuaciones ilegales internas.

La Unión por las Libertades Civiles de los Estados Unidos (ACLU, en inglés) acaba de emitir un documento titulado: "Actuaciones para una regeneración de los Estados Unidos: cómo comenzar a reparar el daño a la libertad en los Estados Unidos tras el gobierno Bush". Obama haría bien en utilizar este importante documento como programa para restaurar la fe en el compromiso del Gobierno con la Constitución (véase http://www.aclu.org/transition). Un segundo informe del Centro para una Reforma Progresista, titulado "Cómo proteger la salud pública y el medio ambiente con una firma presidencial", sugiere una serie de órdenes ejecutivas que Obama podría suscribir de inmediato con el fin de concretar importantes objetivos en materia sanitaria, de seguridad y medioambiental (véase http://progressivereform.org/).

Barack Obama enseñó derecho constitucional en la Universidad de Chicago. De lo que se trata es de hacerlo operativo fuera del despacho presidencial. ¡Y el momento de ponerse manos a la obra es ahora!

Ralph Nader es un activista en materia de consumo; también es abogado y escritor. Su último libro es The Seventeen Traditions. Concurrió como candidato de izquierda independiente en las últimas elecciones a la presidencia de los EEUU.


Traducción para www.sinpermiso.info: Gerardo Pisarello






Counterpunch, 10 noviembre 2008